Flock despide al 18% de su plantilla cercada por las críticas a su red de vigilancia masiva

Flock reduce un 18% su plantilla y pierde contratos policiales clave en pleno rechazo judicial y social contra su red de reconocimiento de matrículas.

Flock despide al 18% de su plantilla cercada por las críticas a su red de vigilancia masiva

La tecnológica estadounidense Flock Safety, responsable de una de las mayores infraestructuras privadas de lectura de matrículas y rastreo de vehículos del mundo, va a reducir su plantilla en un 18%. La medida supondrá la salida de aproximadamente 270 empleados a finales de octubre mediante un programa de bajas incentivadas. El ajuste coincide con un momento crítico para la compañía, cercada por la creciente indignación pública, el cuestionamiento de sus prácticas de privacidad y la rescisión de contratos por parte de agencias policiales clave.

Un ajuste encubierto tras el rechazo institucional

La reducción de plantilla, confirmada inicialmente por Reuters tras una filtración previa recogida por Wired, afecta a todos los departamentos de la empresa. La dirección de Flock planteó este plan voluntario de desvinculación con el objetivo explícito de evitar despidos forzosos inmediatos, en una maniobra interna para adecuar sus costes operativos a un entorno comercial cada vez más hostil.

En declaraciones oficiales, el portavoz de Flock, Paris Lewbel, ha defendido que este movimiento forma parte de los esfuerzos de la empresa por posicionarse de cara a una «próxima fase de crecimiento» y construir un modelo de negocio sostenible. No obstante, la compañía ha evitado aclarar si los miembros de la cúpula directiva, incluido su consejero delegado Garrett Langley, asumirán recortes salariales paralelos para amortiguar el impacto económico.

Más de 100.000 cámaras bajo la lupa judicial

El repliegue de Flock responde directamente a la presión regulatoria y social que amenaza su modelo de negocio. La empresa cuenta con más de 100.000 cámaras automáticas de reconocimiento de matrículas instaladas en suelo estadounidense. Estos dispositivos capturan y almacenan el paso ininterrumpido de vehículos para cruzar los datos con bases policiales y agencias federales, configurando una red de monitorización en tiempo real sin apenas fiscalización externa.

Organizaciones de libertades civiles y jueces federales han calificado esta operativa como un sistema de vigilancia masiva indiscriminada. Los problemas para la tecnológica se han multiplicado en los últimos meses debido a graves irregularidades en la gestión y el uso de su software:

  • Uso ilegítimo y acoso: Decenas de agentes de policía han sido detenidos, expulsados de sus cuerpos o forzados a dimitir tras descubrirse que utilizaron el sistema de Flock sin orden judicial para rastrear, espiar y acosar a ciudadanos por motivos personales.
  • Brechas de ciberseguridad: Expertos en seguridad informática han denunciado que cientos de cámaras operaban con configuraciones expuestas directamente a internet, permitiendo el acceso no autorizado a través de credenciales policiales sustraídas o contraseñas por defecto.
  • Errores de lectura y detenciones erróneas: Diversos fallos en el algoritmo de reconocimiento óptico han provocado identificaciones incorrectas de placas, desencadenando intervenciones armadas erróneas por parte de patrullas policiales, incluso contra periodistas en vehículos de prueba autorizados.

Cancelación de contratos y sabotajes sobre el terreno

El malestar ciudadano ha saltado de los despachos a las calles. En varios municipios de Estados Unidos, los vecinos han destruido físicamente las cámaras instaladas en postes públicos, obligando a la empresa a reponer los terminales dañados en un intento infructuoso de contener el rechazo social. Paralelamente, varias administraciones locales han decidido retirar formalmente las autorizaciones para la colocación de nuevos equipos.

El mayor golpe estratégico para Flock ha sido el abandono de sus clientes institucionales más prestigiosos. Departamentos policiales de primer nivel, entre ellos el de Los Ángeles (LAPD), han dejado expirar deliberadamente sus acuerdos comerciales con la plataforma, justificando su decisión en el riesgo inasumible que el sistema representa para los derechos civiles y la intimidad de los ciudadanos. La pérdida de estos contratos públicos debilita el núcleo financiero de la tecnológica en un momento en que su tecnología se enfrenta al escrutinio legal definitivo.